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Estrategia Nacional de Biodiversidad

2.4 Resumen de la problemática nacional para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Este resumen es el resultado de los talleres de consulta por Área de Conservación y de temas específicos. La agrupación corresponde en su mayoría a los artículos del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
  Investigación
 


La investigación se ha concentrado en grupos taxonómicos específicos y en localidades particulares. En muchos casos, los responsables de la gestión de la biodiversidad no reciben los resultados de la investigación que se promueve; se cuenta con una limitada capacidad institucional de seguimiento a la aplicación de la normativa respectiva, sin que se hayan abierto los suficientes espacios de participación de la sociedad civil en estos procesos.

El conocimiento generado se encuentra disperso y ha respondido más a los intereses de las instituciones de investigación que a una agenda nacional de conservación y desarrollo. Los limitados recursos disponibles para investigación y la falta de articulación entre las diferentes instituciones nacionales e internacionales relacionadas limitan aún más la posibilidad efectiva de orientar dicha investigación hacia prioridades nacionales o regionales.

  Recurso humano
 

El reciente desarrollo en el marco normativo e institucional no ha sido acompañado de un programa de promoción del recurso humano relacionado con la gestión de la biodiversidad en los ámbitos estatal y privado; esto deja importantes vacíos en cuanto a la capacidad de avanzar en campos tan novedosos como propiedad intelectual, manejo de organismos vivos modificados o bioseguridad; o más cotidianos, como el manejo ex situ de la vida silvestre.

Particularmente, se identifican debilidades en cuanto a la capacidad de instituciones y organizaciones, para promover la utilización sostenible a partir del conocimiento científico y tradicional, y la aplicación de tecnología adecuada. Existe un distanciamiento entre quienes poseen el conocimiento y la capacidad de transmitirlo, y quienes son responsables del manejo del recurso.

No se ha producido la integración requerida entre el sector público y el sector privado para enfrentar las limitaciones impuestas al crecimiento del aparato estatal y las posibilidades de control y desarrollo de los recursos de la biodiversidad.

Educación y conciencia pública

El esfuerzo que se ha realizado con el fin de dar a conocer la necesidad de conservar los recursos y las oportunidades para su utilización sostenible, en el nivel educativo tanto formal como no formal, no alcanza a toda la población, se realiza en forma desarticulada y responde a diferentes iniciativas e intereses. No se atienden en toda su magnitud las demandas de las comunidades por programas de educación integrales que den a conocer la necesidad de buscar opciones viables de conservación y utilización, en donde "hacer" sea parte del proceso educativo. Como resultado, la sociedad costarricense no valora aún adecuadamente los recursos de la biodiversidad.

Todavía la mayoría de las acciones que se llevan a cabo no integran debidamente la perspectiva de género, como tampoco el rescate del conocimiento tradicional, en cuanto a utilización y obtención de beneficios derivados de la biodiversidad. Por otro lado, si bien se realiza un esfuerzo para atender la población infantil, no se trabaja con la misma intensidad en grupos prioritarios, como los pescadores, agroindustriales, empresarios turísticos y forestales, entre otros, que dependen de los recursos naturales pero que a la vez impactan con su quehacer la biodiversidad y la economía de las distintas regiones del país.

El conocimiento de la legislación no llega a todos los sectores. Los esfuerzos de educación ambiental en el pasado no plantearon la conservación y el desarrollo socioeconómico como componentes de un mismo proceso dirigido a mejorar la calidad de vida de los costarricenses.

Coordinación intersectorial

No existe una integración efectiva de los diferentes sectores para la gestión sostenible de la biodiversidad. Para la mayoría resulta un tema muy nuevo, y se observa mayor apropiación del tema por parte de la sociedad civil, no directamente responsable de la gestión de la biodiversidad, que dentro de instituciones del Estado. Los espacios con que cuentan las instituciones del Estado para la planificación, coordinación, participación y corresponsabilización de la gestión ambiental con la sociedad civil, aún no se han consolidado.

Se carece de los instrumentos (normativa, convenios, etc.) e instancias formales ya en funcionamiento que permitan un abordaje integral del tema de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en escala nacional y en las Áreas de Conservación específicas. Como ejemplo, el tema de la biodiversidad silvestre y el de la domesticada se tratan por separado y no se cuenta con los mecanismos que permitan una visión más integral.

Información

La información sobre la biodiversidad del país no se encuentra ni sistematizada ni en formatos adecuados a las necesidades de diferentes actores sociales: educadores, conservacionistas, gobiernos locales, productores, etc. Por otro lado, no se sabe exactamente cuáles son los canales para establecer el ligamen entre los productores de información y los usuarios, ni para integrar a los usuarios en el proceso de producción. Hay cierto egoísmo en el manejo de la información.

Los diferentes sectores de la sociedad no tienen claridad sobre cuál es el uso que le pueden dar a la información. Las particularidades culturales de los diferentes grupos étnicos presentes en el país no se consideran debidamente al generar y divulgar la información; tampoco se aprovechan adecuadamente los medios de comunicación.

Control y monitoreo del impacto de actividades socioproductivas

Insuficiente capacidad institucional en las Áreas de Conservación para el seguimiento de evaluaciones de impacto ambiental y la aplicación de la normativa vigente; y en general, en cuanto al nivel técnico y operativo, para el monitoreo de actividades socioproductivas y su impacto sobre la biodiversidad.

Se carece de información adecuada y suficiente sobre el tipo de impacto que las diferentes actividades productivas pueden generar sobre los componentes de la biodiversidad y sobre los mecanismos para cuantificar dicho impacto. A esto se agrega la escasa coordinación entre las dependencias de instituciones, gobiernos locales y grupos comunales, lo que impide una labor más eficaz en este campo. Los procesos legales referentes a resarcir los impactos negativos en el ambiente, continúan siendo largos y las sanciones que se establecen no compensan el daño social.

La falta de instrumentos de planificación regional (planes de ordenamiento territorial, planes reguladores); o la falla en aplicarlos, es una de las debilidades más importantes en el manejo y uso de las tierras. El desarrollo de las actividades productivas, muchas veces se lleva a cabo a niveles que rebasan la capacidad de carga de los ecosistemas.

Conservación in situ

Los esfuerzos de consolidación de áreas protegidas no se han completado; no se están incluyendo aún muestras de todos los ecosistemas requeridos para lograr la representatividad ecológica y existen aún conflictos de tenencia de la tierra. Además, las categorías de manejo actuales no siempre corresponden a los objetivos de conservación y desarrollo que deberían cumplir, o requieren para ello modificación de sus límites. Los mecanismos de promoción de iniciativas de conservación individuales y comunales aún son insuficientes, particularmente en el manejo de corredores y la conservación de especies de interés particular.

El desarrollo de la capacidad de manejo activo y monitoreo de especies y ecosistemas es incipiente en el ámbito nacional y especialmente en el MINAE. La capacidad operativa con que cuentan las áreas silvestres protegidas no es la requerida para garantizar una operación eficaz y sostenida en el tiempo.

Los recursos genéticos in situ de especies cultivadas con fines alimenticios están sufriendo una fuerte erosión causada por los monocultivos, situación agrabada por la pérdida de la tradición de los huertos mixtos familiares.

Aunque se han tomado medidas para aminorar la pérdida de biodiversidad debido a deforestación, quemas, cacería ilegal e introducción de especies exóticas, entre otros, el problema persiste.

Conservación ex situ

Los esfuerzos que se realizan para la conservación ex situ de especies silvestres y domesticadas, son insuficientes, desarticulados entre si y con el MINAE (control, apoyo, asistencia técnica, etc.) y carecen del financiamiento requerido. El país no posee una política nacional en la materia, que permita priorizar y definir el vínculo entre los esfuerzos ex situ e in situ, y su papel en la investigación y en la formación de conciencia pública.

El escaso recurso humano capacitado es otra limitante para el desarrollo y control de estas actividades.

Utilización sostenible

No hay una adecuada integración de la conservación y el uso sostenible en los procesos nacionales, regionales y locales de toma de decisiones. Asimismo, se carece de información sobre los usos potenciales de los productos, y sus posibles mercados, presentes y futuros, todo dentro de la perspesctiva de sostenibilidad. .

No hay conciencia en la comunidad nacional sobre el respeto debido a los conocimientos, prácticas e innovaciones de comunidades indígenas y locales cuya finalidad es la utilización sostenible de la biodiversidad; ni tampoco sobre la importancia de su preservación y mantenimiento.

Pago de servicios ambientales e incentivos:

Los programas de pago por servicios ambientales no siempre obedecen a prioridades técnicamente definidas y poseen un enfoque eminentemente forestal, lo cual es sólo una fracción del múltiple aporte de los bosques a la economía nacional. Por otro lado, los pequeños propietarios tienen menos oportunidades en cuanto a información y acceso al cobro del servicio, y los criterios de determinación del monto del pago en las diferentes modalidades de incentivos forestales no dan importancia al papel de la conservación sobre la producción. Una vez que se otorga el pago, se da poco seguimiento para verificar el beneficio.

La capacidad de respuesta financiera por parte del Estado no cubre lo demandado por el cobro de servicios ambientales; tampoco se han establecido los mecanismos de internalización del costo de varios de estos servicios.

Por otro lado, se estimulan prácticas productivas no sostenibles, que en muchas ocasiones se promueven considerando exclusivamente su impacto económico (subsidios a pescadores, exenciones hoteleras, etc.).

Acceso a recursos genéticos, propiedad intelectual y bioseguridad en la biotecnología

El conocimiento sobre estos temas es escaso. La capacidad de dar seguimiento a los permisos de acceso es limitada. La legislación que crea el marco institucional específico para regular este tema, se encuentra aún en proceso de reglamentación para su aplicación práctica.

La bioseguridad en la biotecnología, se ha basado especialmente en recursos relacionados con la agricultura, sin considerar igualmente los recursos animales. La capacidad nacional para afrontar las consecuencias de la biotecnología (organismos vivos modificados) es insuficiente. El tema se vuelve muy complejo al tomar en cuenta sus efectos en la economía nacional e internacional, en la salud del ser humano y en la conservación de la biodiversidad. La elaboración de un Protocolo Internacional de Bioseguridad, actividad en la que el país participa, se está discutiendo en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, sin haber llegado todavía a ningún acuerdo.

Recursos marino-costeros:

Las actividades de producción y conservación de recursos marino-costeros no se desarrollan en forma planificada, y no toman en cuenta la estrecha interrelación entre los recursos continentales y los marinos. El marco institucional no se ha consolidado, por lo que se presenta una falta de claridad en cuanto a las potestades de los diferentes actores, particularmente en lo referente a la participación de las comunidades costeras en la toma de decisiones.

El manejo de las áreas protegidas marinas se dificulta por la falta de recurso humano capacitado, equipo y posibilidades de control efectivo.

El desarrollo del potencial del recurso marino en muchos casos se asocia exclusivamente al desarrollo pesquero, lo que limita la identificación de nuevas alternativas productivas sostenibles; esto se refuerza por la falta de acercamiento entre los actores técnico-científicos y los político-administrativos.

Capacidad de gestión

El concepto de desarrollo sostenible no se ha interpretado en igual forma por parte de los diversos sectores interesados, lo que ha hecho difícil la definición de estándares y la unificación de políticas, normas y procedimientos.

El modelo de organización del SINAC aún no se ha consolidado, tanto en su estructura como en su capacidad operativa; además, es escasa la participación del recurso humano local en actividades de control y fomento. Las instancias de coordinación y participación intersectorial en la aplicación de la normativa y en el desarrollo de los recursos de la biodiversidad aún no se han oficializado.

Los recursos financieros y humanos son insuficientes para dar una atención integral a la conservación y promoción del uso sostenible de la biodiversidad, tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Por otro lado, muchas de las actividades sostenibles, por ser novedosas en cuanto a la tecnología requerida para su manejo, no son aceptadas para el otorgamiento de créditos financieros.

No se le ha prestado la debida atención a la eventual liberación de organismos vivos modificados, ni al control de especies exóticas, como tampoco a las posibilidades de proyectos de cooperación científica y técnica que incluyan temas más allá del forestal.

En general existe desconocimiento y aplicación deficiente de la gran variedad de normas legislativas que regulan el tema de biodiversidad y su manejo.