A. Políticas nacionales

3. Incentivos: Nuevos instrumentos de política

El concepto de pago por servicios ambientales que prestan el bosque y las plantaciones forestales, que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente, es un instrumento de política muy novedoso, que se viene implementando desde hace unos años y se fortalece en la nueva Ley Forestal de 1996. Este hecho es muy significativo tanto en política ambiental como en la económica, pues por primera vez se reconoce en una ley nacional que los bosques proveen bienes y servicios que deben ser retribuidos, además de la madera y la tierra para la agricultura, y que es necesario valorar adecuadamente, aunque para muchos de ellos no exista un mercado tradicional.

La Ley Forestal de 1986 (No. 7032) democratiza los programas de incentivos en materia de manejo de recursos naturales, ampliando los incentivos de deducción de impuestos sobre la renta existentes desde 1979, y crea los Certificados de Abono Forestal, como títulos valor nominativos. Posteriormente, estos incentivos fueron ratificados en la Ley Forestal de 1990 (Nº7174), poniéndose en operación en cuatro categorías, a saber:

• Certificado de Abono Forestal (CAF): se dirige a promover las plantaciones forestales con fines comerciales.
• Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA): se dirige a pequeños y medianos propietarios interesados en reforestación y pertenecientes a organizaciones de base.
• Certificado de Manejo de Bosque Natural (CAFMA): promueve el manejo del bosque sujeto a explotación comercial mediante prácticas silviculturales.
• Certificado para Protección de Bosque (CPB): dirigido a promover el incremento del área y permanencia del bosque natural en áreas de importancia para producción de agua potable, áreas protegidas o corredores biológicos.

La actividad de reforestación fue la de mayor promoción en la década de los 80 y principios de los 90, mientras que en la actualidad se promueven principalmente acciones dirigidas a recuperación y conservación de bosques (Cuadro 1). Esto responde principalmente a la política nacional de disminuir la tasa de deforestación que en los últimos 4 años se mantiene en un promedio de 14000 ha. por año, después de estar en 50000 ha./año en la década de los 80 e inicios de los 90. Se puede decir entonces que se está dando a partir de 1992 un balance positivo entre la deforestación y la reforestación.

El concepto de servicio ambiental, desarrollado en la nueva Ley Forestal Nº. 7575, plantea el pago a propietarios de bosque y reforestadores, como una compensación por el servicio que sus actividades ofrecen a la sociedad en general. Esta Ley estableció el marco no sólo para el desarrollo de proyectos de implementación conjunta, sino que además posibilitó el fortalecimiento del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), como una institución especializada en el manejo de mecanismos de financiamiento de acciones de recuperación, manejo y conservación de bosques, dotando al programa de incentivos forestales, de una estructura organizativa más adecuada.  

Inicio

Año	Total Anual
1979-1991	67.235,50
1992	15.241,80
1993	16.080,90
1994	14.627,80
1995	25.981,00
Total	139.166,50

FUENTE: Ministerio de Ambiente y Energía.
SINAC y FONAFIFO. 1996.

* excensión de impuestos

Desde 1995 la política de servicios ambientales para la reforestación o el manejo de bosques se concreta en decretos ejecutivos en los que se define la asignación de recursos para los distintos tipos de incentivo, tal como se registra en el Cuadro 3.

Inicio

Inicio

Este último decreto de julio de 1997, mostrado en el Cuadro anterior, dejó abierta la posibilidad de reasignar las cuotas de cada tipo de incentivo, según las necesidades. Es así como la distribución final, si bien respetó el total asignado, se reordenó de la siguiente forma: 79236 Ha. de CPB , 9727 Ha. de CAFMA y el resto para reforestación. Las Areas de Conservación Tempisque y Pacífico Central, fueron las que más CPB asignaron.

Los proyectos de la OCIC y el impuesto a la gasolina, aprobado en el marco de la Convención de Cambio Climático, son las principales fuentes de financiamiento para FONAFIFO. Dicho impuesto aportó para 1997 una cantidad cercana a los US$7 millones y además los compromisos asignados para los cuatro años siguientes de US$7 millones al año. También es de mencionar el aporte de países cooperantes para fortalecer el componente de certificados de abono forestal para pequeños y medianos productores.

El tema de servicios ambientales se ha tratado en relación a otros componentes de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, pero no se han concretado en igual forma que los incentivos forestales. El PPA (1996), plantea la necesidad de un programa de incentivos no fiscales para propiciar el uso sostenible de la biodiversidad y la necesidad de replantear las políticas de incentivos agropecuarios, sin que esto aún se haya concretado.

Se hizo además la primera emisión de Certificados Transferibles de Compensación (CTE), un instrumento financiero por medio del cual se van a comercializar internacionalmente en los mercados bursátiles, los créditos por la captura de carbono provenientes de proyectos de implementación conjunta. El producto de esto se utilizará en el pago de servicios ambientales a pequeños y medianos propietarios privados de bosque que realicen actividades de reforestación o protejan voluntariamente sus bosques, en la forma CPB (a partir de 1998 se le denominará Certificado de Conservación de Bosque). Es importante destacar también, que se aprobó un impuesto a los hidrocarburos, del cual un tercio se destinará a promover actividades de reforestación y conservación de bosque que contribuyan a la fijación de gases que causan efecto de invernadero. Además se han realizado estudios para incorporar en las tarifas de agua potable, el costo de protección de los acuíferos que se encuentran en áreas protegidas.

Por otro lado, desde 1996 se iniciaron las discusiones sobre la inclusión en las Cuentas Nacionales del gasto e inversión pública tanto en la conservación de la biodiversidad, como del ambiente en general. En este sentido, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINTERPEDS) y el CCT han realizado estudios detallados.

Por su parte, la Ley Forestal y la de Conservación de la Vida Silvestre incluyen incentivos fiscales y administrativos como mecanismos de compensación para la protección de bosques y el manejo de refugios nacionales de vida silvestre, entre estos excensiones de impuestos, protección contra invasiones de tierras y asistencia técnica.

Las actividades de prospección de la biodiversidad, llevadas a cabo especialmente por el INBio, se pueden considerar también como un instrumento de política, dirigido a incentivar la conservación de la biodiversidad, mediante la distribución equitativa de beneficios generados por la investigación para la obtención de nuevos productos provenientes de la biodiversidad.

Inicio