Costa Rica: Primer Informe de PaĆ­s

La labor de Costa Rica con respecto al Artículo 8 de la Convención sobre la Diversidad Biológica

C. Preservación y respeto a los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales

Conservación In Situ

a. Marco legal

El marco legal ha brindado también algunas respuestas, siendo una de las más importantes, el proyecto de Ley de Biodiversidad (Recuadro 1). En general en relación a los asuntos indígenas, se han dado desde 1977, 19 normas que incluyen leyes, decretos, proyectos y reglamentos, referentes a estos asuntos. Se incluye la Constitución Política de Costa Rica, la ratificación de la Convención para la Diversidad Biológica, y la del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como otras leyes que se relacionan, como el Código de Minería en sus artículos pertinentes.

A su vez ha habido jurisprudencia de la Sala Constitucional, de los Tribunales de Justicia, pronunciamientos de la Procuraduría y dictámenes de la Defensoría de los Habitantes sobre asuntos indígenas. De toda esta legislación, 7 normas y 3 en jurisprudencia, pronunciamientos y dictámenes, se refieren a asuntos relacionados con los recursos naturales, específicamente el recurso forestal, ninguno específicamente se refiere a biodiversidad en general, más que el proyecto de ley actualmente en la Asamblea Legislativa (Recuadro 1).

Nuestro país suscribió el Convenio Nº107 de la OIT, denominado Convenio Relativo a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en 1957 y aprobado en 1959 por la Asamblea Legislativa por Ley 2330, primer paso hacia la protección de las poblaciones indígenas, colocando al Gobierno como principal responsable del proceso. Ese convenio, se modificó por el 169.

De la misma forma, la ley Indígena Nº 6172 del 29 de noviembre de 1977, desarrolló, y en algunos aspectos superó las obligaciones internacionales contraídas por Costa Rica, pues reservó importantes porciones de su territorio para los indígenas, tratando de evitar que se inscribieran como propiedad privada de otros. Otorgó plena personería y capacidad jurídica a sus comunidades para dirigir sus actividades y decidir sobre sus bienes, les permitió explotar las reservas naturales dentro de sus territorios, y prohibió la extracción de objetos arqueológicos de sus cementerios.

Las Reservas Indígenas se declaran en esta ley, territorios inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan Se habla de invasiones de personas no indígenas, las cuales serían desalojadas de inmediato. Se habla además de que solo los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Investigaciones científicas necesitan autorización de la comunidad indígena. Exploraciones y explotaciones minerales en las reservas, deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, debiéndose proteger los intereses y derechos de las comunidades indígenas.

Se establece en su Artículo 7, que los terrenos comprendidos dentro de las reservas, que sean de vocación forestal, deberán guardar ese carácter, a efecto de mantener inalterado el equilibrio hidrológico de cuencas hidrográficas y de conservar la vida silvestre en esas regiones. Se dice que los recursos naturales renovables deberán ser explotados racionalmente. Unicamente podrán llevarse a cabo programas forestales por instituciones del Estado que garanticen la renovación permanente de los bosques, bajo la autorización y vigilancia de CONAI, guarda reservas indígenas, nombrados por el Gobierno, tendrán a su cargo la protección de los bosques y la vigilancia de ellas. La CONAI es la facultada para revocar o suspender permisos en cualquier momento.

La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) se creó por ley 5251 de julio de 1973, como el organismo aglutinador de las comunidades indígenas integrado además con representantes de varias instituciones del Estado, legislación que es pionera en nuestro continente.

Por otro lado ha habido jurisprudencia de la Sala Constitucional, de los Tribunales de Justicia, pronunciamientos de la Procuraduría y dictámenes de la Defensoría de los Habitantes que han ratificado derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Específicamente, vía decreto ejecutivo se dan los instrumentos y el traslado de responsabilidades a las comunidades indígenas para velar por el adecuado aprovechamiento de sus recursos forestales.

Sin embargo, aún se encuentran vacíos en la legislación indígena; entre ellos:

  • La legislación vigente no les reconoce totalmente sus formas de organización tradicionales, forzándolos a organizarse jurídicamente alrededor de las Asociaciones de Desarrollo Comunal o como simples asociaciones sin fines de lucro, que le imponen modelos ajenos.
  • La legislación penal no contempla la posibilidad de dar valor al sistema tradicional de justicia interna de estos pueblos, según el cual el mayor de la comunidad-cacique o sukia-líder espiritual, aplica un derecho consuetudinario para resolver las controversias surgidas dentro del grupo. Para los delitos contra la propiedad, los indígenas emplean un sistema de justicia retributiva, que permite al causante del daño pagar con trabajo personal en beneficio del afectado o del de la comunidad, o también pagar en especie. Si el daño causado es físico, como una lesión que le impida al afectado trabajar, el causante debe mantenerlo junto con toda su familia hasta que se recupero de la lesión. Solo en casos de lesiones o hechos mas graves, recorren a la justicia común. Por ello aspiran que se les permita celebrar sus propios juicios y a que la legislación no les imponga un doble castigo por el hecho: el de la comunidad y el de la justicia común.
  • No se han diseñado formas jurídicas para otorgar garantías sobre la propiedad comunal, lo cual entre otras cosas, les dificulta el obtener créditos.
  • Los indígenas se han quejado de que las instituciones creadas por la ley para su defensa no son suyas sino estatales. En este sentido la Mesa Indígena, formada por consenso y como una iniciativa privada, es el ente de mayor representatividad de los indígenas, el cual es respetado por ellos y por los no indígenas.
  • Las invasiones no han podido ser detenidas, a pesar de que la ley lo prohibe, por el hecho de que no están demarcadas en el terreno, no hay planos y para los indígenas las cercas internas no tienen significado alguno, porque emplean puntos geográficos naturales, con lo cual se facilita su despojo.
  • La consulta, a pesar de que la ley obliga a realizarla, es algo que en general no se cumple.

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